El Juzgado de lo Mercantil declarará este año la liquidación de la constructora Mazotti, lo que significa que unas 340 pymes isleñas se quedan a dos velas. La empresa, propiedad de Alejandro Navarro, presentó suspensión de pagos en 2007 con 200 millones de pasivo. Su disolución arrastra a 2.000 empleados al paro.
La Ley Concusal no siempre acaba bien. La constructora Mazotti, del canario Alejandro Navarro, es el ejemplo de un drama empresarial y laboral. Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico ayer durante el III Congreso de Derecho Concursal, en Maspalomas, Mazzoti será disuelta a final de año con un balance desolador: 340 pymes se quedan sin cobertura para recuperar las deudas y 2.000 trabajadores irán directamente a la bolsa del paro.
Mazotti, que llegó a ocupar puestos destacados en las constructoras españolas por su cartera de clientes, suspendió pagos en 2007, como consecuencia del encarcelamiento de su administrador y propietario al verse salpicado por un supuesto pago de comisiones a políticos de San Bartolomé de Tirajana.
Navarro permaneció en prisión cinco meses y, a su vuelta, bancos y administraciones le cerraron las puertas. Su caso es un misterio judicial porque cuatro años después sigue bajo secreto de sumario.
Mazotti arrastraba en el momento de solicitar el concurso de acreedores un pasivo de casi 200 millones y un activo superior a los 100 a los que había que añadir unos 70 trillones pendientes de cobrar del sector público. Los administradores concursales han gestionado en este tiempo la empresa, con el fin de que remontara vuelo, como ocurrió en fechas recientes con el hospital de La Gomera, construido en ute con VVO, pero la crisis financiera de 2009 acabó con las ilusiones.
El Juzgado de lo Mercantil Número 1 prevé liquidar la sociedad antes de final de año, lo que implica que las 340 empresas con las que Mazotti subcontrataba su actividad se van a quedar sin cobertura financiera para cobrar las deudas.
El impacto económico y laboral es grandioso, porque afecta pequeñas y medianas empresas de menos de 12 trabajadores y porque la masa laboral de afectados alcanza las 2.000 personas.
El caso de Mazotti fue obviado en las ponencias del III Congreso de Derecho Concursal y Mercantil clausurado ayer, pero en los corrillo de los 200 expertos estaba este concurso como otros de igual calado y sensibilidad, como el de Fundescan.
En la jornada de ayer intervinieron a primera hora los auditores Juan José Cabrera (Auren) y Pedro Martín, coordinados por Vicente Caballero (Coastri).
Ambos ponentes subrayaron los riesgos de los «incumplimientos» que, una vez declarado el concurso, «dificulta acudir a soluciones rápidas corto la propuesta anticipada de convenio de pago con los acreedores, o lo que se considera más demoledor por la propia Ley Concursal en sus artículos 164 y 165, consistente en la declaración del concurso como culpable (...), con lo que las deudas con los acreedores no pueden ser satisfechas total o parcialmente».