Hace
poco más de dos años la Comisión Europea publicaba un interesante documento con
el título “Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador”, en el que realizaba un análisis sobre cuáles eran los
retos de sus países miembros en este tiempo. Este texto adquiere especial
relevancia en la complicada coyuntura que vivimos, en la que surgen algunas
voces discrepantes con el proyecto común, y en la que la cohesión territorial,
social y económica queda en entredicho.
España
se encuentra en estos momentos en el punto de mira de la Unión Europea. Se considera
que se ha convertido en uno de los principales elementos distorsionadores a la hora
de alcanzar los objetivos prefijados en la agenda de este grupo de países. Una
percepción que origina un escenario complicado que, en última instancia, se
traduce en una presión sin precedentes sobre nuestras empresas y ciudadanos.
Más
allá de evaluar las medidas puestas en marcha por las distintas
administraciones públicas españolas, ahora más que nunca es necesario que
España experimente un profundo cambio desde el punto de vista estructural.
Invertir en capital humano
Una
de las más importantes carencias de nuestro mercado es el capital humano. Es absolutamente
imprescindible abordar una reforma integral de todo el sistema educativo, desde
sus inicios, hasta las etapas universitarias y de formación profesional. Existe
un enorme fracaso escolar en la educación secundaria, ninguna universidad española
está situada entre las 150 primeras del mundo y la formación continua entre los
trabajadores es muy limitada. En este sentido, tampoco servirá de nada hacer un
esfuerzo en esta línea si, a posteriori, no somos capaces de retener talento e
investigación dentro de nuestras fronteras.
Por
otro lado, la inversión en I+D+i es un elemento crucial y diferenciador con
respecto a otras economías con mayor potencial. En 2010 España se encontraba en
el puesto 18º de 27 en innovación según el informe “Innovation Union
Scoreboard 2011” que publica la UE. A tenor de los
últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Ejecutivo central, me
temo que el panorama no va a mejorar y continuaremos en el vagón de cola de la
innovación.
La
competitividad de nuestras empresas es otra de las asignaturas pendientes, en
general para todas las industrias, y en particular para dos de nuestros grandes
abanderados en los últimos años, el sector inmobiliario y el turístico, que se
enfrentan ante el difícil reto de reinventarse. El primero, con el fin de
sortear el grave contexto en el que se encuentra inmerso. El segundo, con el
objetivo de capitalizar el gran potencial con el que cuenta España en este
sentido y ocupar el lugar que merece en el panorama mundial.
Además,
la reforma del mercado de trabajo a distintos niveles era y es un factor
determinante, así como el incentivo a la productividad y a la incorporación de
la economía digital, tanto a nivel organizativo, como en la estrategia de
negocio de cualquier compañía.
La
internacionalización de las empresas, independientemente de su tamaño y
especialmente indicada para las pymes en desarrollo, se configura también como
una clara alternativa en determinados segmentos de mercado que ya se encuentran
saturados a nivel local.
La
política energética es otro de los principales escollos a los que nos
enfrentamos. Aquí la adopción de una política energética común con nuestros vecinos
europeos es una necesidad ineludible. Un mercado único de la energía, que
permita paliar los efectos de la dependencia exterior sólo puede redundar en
una mayor fortaleza para los países miembros. Pero, por supuesto, todo ello
acompañado de una mayor eficiencia en el consumo, un aumento del uso de fuentes
alternativas y un papel más activo en la lucha contra el cambio climático.
Otros problemas
Por
último, no podemos olvidar que tenemos un serio problema demográfico, que
amenaza la viabilidad de España como proyecto: un índice de natalidad en claro
descenso desde el año 2003, combinado con una inmigración y población cada vez
más envejecida, ponen en jaque no sólo el sistema de pensiones, sino también el
futuro del Estado del Bienestar tal y como hasta ahora lo hemos conocido.
Ante
esta situación no queda otro remedio que tomar las riendas con determinación y
trabajar en la búsqueda de soluciones que nos permitan ver el futuro con
optimismo, aunque sea en el medio y largo plazo. Una estrategia conjunta y
consensuada entre el gobierno, oposición, patronal, sindicatos y ciudadanía en
general pasa por ser la fórmula idónea. El apoyo de todos es fundamental, pero
no debe ser excluyente. España exige medidas inmediatas, por supuesto bien
fundamentadas y articuladas, y es prioritario establecer un punto y aparte.
Es responsabilidad de todos que la España de nuestros hijos ofrezca un valor
añadido, y sea competitiva, innovadora, productiva y sostenible. Tenemos que
interiorizar la necesidad de realizar un profundo cambio e inculcárselo a las
generaciones venideras. Hoy el reto parece inalcanzable, pero el esfuerzo de
todos lo puede hacer posible.